viernes, septiembre 29, 2017

Latrocinio independentista y clero cómplice


(Escrito por José María Permuy Rey)


Si un hijo residente en la vivienda paterna desea independizarse, nadie se lo puede prohibir, ni tan siquiera sus padres, por muy doloroso que les pueda resultar. Pero ese hijo no tiene derecho a exigir a sus padres que dividan en dos su domicilio y le cedan a él una de las partes resultantes de esa división, para que disponga de ella a su antojo e imponga sus propias normas al margen de las establecidas por sus padres y legítimos propietarios. ¡No! Si quiere independizarse, es muy libre de hacerlo, pero tendrá que abandonar el hogar familiar y buscarse para él otro piso o casa, en propiedad o alquiler.

Del mismo modo, si un catalán desea no sentirse español y aspira a fundar una nueva república independiente de Cataluña, ¡allá él! Es muy libre de, por su cuenta o asociado con otros, renunciar a su nacionalidad española y crear un nuevo Estado. Nadie puede impedir que cada uno sienta o piense lo que le dé la gana. Pero ello no le da derecho a edificar ese nuevo Estado sobre territorio español, porque el territorio español no es propiedad de unos pocos o de muchos, sino de todos y cada uno de los españoles de ayer, de hoy y de mañana.

Cataluña es patrimonio, acumulado a lo largo de generaciones, de todos los españoles. Al igual que lo son Galicia, Castilla, Andalucía, Vasconia, etc.

Los catalanes poseen la nacionalidad española y gozan de los mismos derechos civiles que cualquier otro español, tanto si residen en Cataluña como si lo hacen en cualquier otra región de España.

La rebeldía de los independentistas catalanes plantea un problema moral que nada tiene que ver con la libertad individual (como si se tratara de un conflicto entre la libre voluntad de algunos catalanes y la libre voluntad de los demás catalanes y resto de españoles) sino, entre otras cosas, con el derecho de propiedad.

Instaurar un nuevo Estado catalán sobre territorio perteneciente a España es una apropiación indebida, una forma de ocupación ilegítima de una propiedad ajena. Es, en definitiva, un robo.

Por eso resulta escandaloso que el obispo de Solsona y muchos otros clérigos catalanistas se manifiesten a favor del referéndum separatista.

No están defendiendo la libertad. Tampoco están defendiendo simplemente una imaginaria patria catalana que, tal como ellos la conciben es un proyecto nuevo carente de historia y de tradición (porque la verdadera historia y tradición de Cataluña están indisolublemente unidas al del resto de España, de la que forma parte desde los comienzos de la reunificación de la vieja Hispania visigótica).

Están defendiendo un robo. Un grave pecado de hurto.

Y la Conferencia Episcopal Española, servil y absolutamente subordinada al poder civil constituido; sustituyendo la moral objetiva por los principios opinables, discutibles y falibles de la democracia y la Constitución atea, relativista y antinacional que padecemos; con su posicionamiento pacifista, tibio y ambiguo, es cómplice de ese grave pecado.

Ellos no son la Iglesia. Son políticos que anteponen su ideología a su deber moral y religioso de sostener la verdad y promover el bien.

La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, está por encima de las debilidades, traiciones y pecados de los que forman parte de ella.

Quien alegue la conducta de estos clérigos indignos como pretexto para criticar a la verdadera Iglesia y a la verdadera religión, desconoce la naturaleza de la Iglesia y aun la de la misma condición humana.

Quien aduzca el carácter sacerdotal de algunos de los sediciosos separatistas para tratar de justificar éticamente el independentismo o para reclamar su impunidad ante la ley, desconoce la distinción (que no separación) entre la Iglesia y las comunidades políticas, enseñada por León XIII en su encíclica Inmortale Dei,  predicada por Cristo en el Evangelio (dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César) y explicada magistralmente por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII (en aquello que es principalmente competencia de la Iglesia se ha de obedecer más a la Iglesia que al poder civil, pero en aquello que es competencia del Estado y no de la Iglesia, se ha de obedecer más al Estado).

No hay comentarios: